LA PROTECCIÓN SOCIAL ES UN DERECHO, NO UNA PRERROGATIVA DE LOS ALCALDES.

A raíz de las últimas informaciones en torno al Ayuntamiento de Arafo a las que hemos tenido acceso en la Plataforma por la Dignidad, después de tener entrevistas con vecinos y personas afines al Ayuntamiento, hemos observado algunas cosas que creemos que se pueden mejorar en Servicios Sociales y con ese objetivo hemos acudido en la mañana de este jueves 16 de junio al Consistorio, para registrar escrito con diversas propuestas que entendemos deben tenerse en cuenta en el Ayuntamiento de Arafo, y por extensión en toda Canarias, donde sabemos que algunas circunstancias se repiten con demasiada asiduidad.

Nos estamos refiriendo a algo que el propio Alcalde de Arafo ha puesto de manifiesto recientemente en declaraciones en prensa, esto es, que él como Alcalde ayuda a los vecinos.

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Tal cómo afirma el señor Alcalde y nos confirman algunos vecinos de Arafo, en el municipio es habitual que el señor Alcalde reciba a familias que necesitan ayuda y que sea él mismo el que de una u otra manera participe en la concesión de las mismas. Esto puede tener muy buena intención por parte del señor Alcalde, por querer mostrarse cercano y accesible a los vecinos, pero creemos que no ayuda en nada a la democracia, dado que sin querer se crea una relación deudora directa entre el vecino y el Alcalde que lo ayuda, quedándose el vecino con la sensanción de que está siendo ayudado gracias al buen corazón y la buena voluntad del señor Alcalde, sintiéndose así, de alguna manera en deuda con el regidor, favoreciendo así la creación de una red clientelar muy dañina para nuestras comunidades, más propias de tiempos pasados que hay que superar.

La protección social es un derecho reconocido en la Constitución Española y desarrollado ampliamente en distintas normativas, entre ellas la Ley de Servicios Sociales de Canarias. Los vecinos de Arafo y de cualquier otro municipio de Canarias, tienen derechos a ayudas sociales siempre y cuando su situación así lo requiera. Para ello hay en cada Ayuntamiento una Concejalía de Asuntos Sociales y unos trabajadores sociales habilitados al efecto para tramitar las ayudas, con unas Bases debidamente regladas y publicadas donde se establezcan los requisitos y las condiciones bajo las que se conceden dichas ayudas. No se entiende ni es de recibo que el señor Alcalde gestione, supervise, controle o participe en la concesión de las ayudas sociales a los vecinos.

Este hecho parece que se da con cierta asiduidad en el Ayuntamiento de Arafo, y esto es lo que le recordamos hoy al señor Alcalde y a todos los grupos del consistorio, con vistas a que sea llevado a Pleno en fechas futuras junto con otras cuestiones no menos importantes. Por ejemplo, la necesidad de que en la web corporativa del Ayuntamiento, donde están públicados todos los reglamentos y bandos importantes del Ayuntamiento, figuren también públicas las Bases por las que se conceden las Ayudas Sociales, algo que de momento no ocurre.

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Por desgracia esta vinculación directa de los alcaldes con sus vecinos necesitados se da también en otros muchos ayuntamientos de Canarias, y los alcaldes se perpetuan durante décadas a pesar del paro, la pobreza y la precariedad que soportan muchos municipios, posiblemente, también por esta relación de deuda permanente que establecen muchos vecinos con la persona de su alcalde. Por tal motivo en fechas próximas iremos también al Parlamento de Canarias y al Gobierno Autonómico, al margen de otras instituciones, a dar cuenta de esta grave práctica, con vistas a que se incluyan normas que las limiten en la Ley de Servicios Sociales que prepara el Gobierno y sea asumida ya como una norma por todos nuestros cargos públicos.

Dada la importancia de esta cuestión, rogamos se hagan eco de la misma desde sus respectivos ámbitos. Si conseguimos erradicar de nuestras instituciones esta antigua práctica, sin duda, estaremos más cerca de poder decir que vivimos en una democracia.

Un 16 de junio de 2016, Plataforma por la Dignidad.

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