POR UN VERDADERO PLAN CONTRA LA POBREZA EN CANARIAS

INUESTRA JUSTIFICACIÓN

Tras más de dos años de andadura desde que echó a andar lo que hoy es la Plataforma por la Dignidad, después de mucho denunciar indignidades y abusos y asistir y asesorar a familias en situación de extrema precariedad, se hace necesario hacer un mínimo alto para abordar la cuestión de la pobreza que sufre Canarias de manera más general. Se hace necesario y casi imprescindible, ante el agravamiento progresivo de las condiciones de vida de muchos canarios y la nula o corta respuesta de nuestras Administraciones Públicas, y en especial con lo que viene del Gobierno de Canarias y ese Plan contra la Pobreza que preparan, con el que tan poco estamos de acuerdo.
En este contexto, desde la humildad de saber de lo pequeño de nuestro colectivo, entendemos no obstante que estamos legitimados a decir algo en torno a la Exclusión Social con la que estamos conviviendo día tras día desde hace bastante tiempo, y esto es lo que nos lleva a presentar esta propuesta ante el Parlamento de Canarias, Por un verdadero Plan contra la Pobreza en Canarias.

II  ANTE LA POBREZA:  MEJOR REPARTO DE LA RIQUEZA

Es muy distinto abordar un plan contra la pobreza partiendo de una base de no disponibilidad presupuestaria, tal cómo se apunta desde el Gobierno de Canarias, que hacerlo sabiendo que sí hay dinero. Nosotros entendemos que sí que hay dinero, y que la pobreza no es algo consustancial, propio, endémico o inevitable para Canarias, es sobre todo consecuencia de un desigual reparto de la riqueza y una mala gestión de los recursos públicos, faltando, en todo caso voluntad de emplearlos con sentido común priorizando en lo que es realmente necesario, y en Canarias, con un tercio de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza y una buena parte de ellos sin percibir ingreso alguno, entendemos que no hay mayor prioridad que esta.
Por eso, apuntamos cinco aspectos o ámbitos de donde se podría revertir mucho dinero público para fines sociales:

Rueda de prensa de la Plataforma presentando el plan contra la pobreza:

1.- Para empezar en Canarias hay una triple Administración que no se repite en ninguna otra Comunidad Autónoma en la manera en la que está aquí (en la mayoría de CCAA los Cabildos se traducen en Diputaciones Provinciales con mucha menos estructura y gasto que los Cabildos), con 88 ayuntamientos, un Gobierno de Canarias y siete Cabildos que son siete auténticos gobiernos insulares rivalizando en cargos y responsabilidades con el mismo Gobierno Autónomo y con los Ayuntamientos, resultando que tenemos funciones y altos cargos duplicados y a veces hasta triplicados causando un gasto innecesario a las arcas públicas. Aquí más que en ningún otro lugar está justificada la reforma de las Administraciones Públicas de la que se habla desde el Gobierno Central.

Y tanto o más de lo mismo con los sueldos de nuestros altos cargos (entre 50.000 y 80.000 euros anuales), unos sueldos que para nada se corresponden con la situación de crisis actual y mucho menos con los resultados que  el ciudadano observa en la labor de nuestros representantes políticos, incapaces de revertir la situación en el plano laboral e impotentes también para cubrir las necesidades más básicas de los canarios (vivienda, comida, salud, dignidad).


2.-
Del mismo modo y centrados en el Gobierno de Canarias, son muchos los altos cargos(consejeros, viceconsejeros, directores generales, etc.,) y asesores de confianza de libre designación que se mantienen, en un número porcentualmente muy superior al de la mayoría de CCAA, muchos de ellos en departamentos o cargos perfectamente prescindibles o agrupables en otras áreas, una situación nada acorde con la realidad de miseria y austeridad que sufre el pueblo canario.

3.- Un área de gasto público donde resulta más evidente y grosero el dispendio del Gobierno de Canarias es la que agrupa todo lo relacionado con informática, innovación y nuevas tecnologías.Bastaría con repasar los presupuestos anuales del Gobierno Autónomo para comprobarlo, y más al detalle lo veríamos si repasáramos el BOC y las sucesivas adjudicaciones millonarias a distintas empresas del sector para externalizar servicios. Así a bote pronto, el Cibercentro (37 millones de euros), el teléfono 012 del Gobierno de Canarias (que ya fue denunciado públicamente hace un año dando cuenta de lo caro que nos sale), la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (57 millones de euros), el Servicio de Comunicaciones e Informática del Gobierno de Canarias (12 millones de euros), el apoyo informático al Servicio de Hacienda (6.827.841 euros), la Televisión Canaria en Internet (1 millón de euros), gestionar las nóminas de los trabajadores públicos del Gobierno de Canarias (más de 4 millones de euros en los últimos años), para subsistemas de información de la Consejería de Educación (3 millones de euros), para  mantenimiento y desarrollo de servicios e infraestructuras para la atención a usuarios de los Centros Educativos no universitarios del Gobierno de Canarias en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y diversos suministros (14 millones de euros), en un aplicativo informático Pincel-Ekade para que los padres de la Escuela Pública puedan ver las notas de sus hijos por Internet (más de 1 millón de euros), y así un largo etcétera de licitaciones y empresas para mil asuntos tecnológicos. Y no es que estemos en contra de la innovación y las nuevas tecnologías, nada más lejos de la realidad, lo que sucede es que estamos en la Comunidad Autónoma con los peores indicadores socioeconómicos del Estado con diferencia, con apenas ayudas sociales a la exclusión, y no es por tanto admisible pretender tener unas infraestructuras tecnológicas públicas a la altura de la primera potencia mundial, pagándolas además tan caras y sin traducción directa en más puestos de trabajo para los canarios.

1012304_647790481915391_616964981_n Mientras se debatía sobre pobreza en el Parlamento y presentábamos en la puerta nuestra propuesta, “Por un verdadero Plan contra la pobreza en Canarias”, esta era la imagen que se podía ver en el interior de la Cámara Regional: la bancada de CC casi vacía, la del PSOE más o menos lo mismo. El desprecio de esta gente hacia el pueblo al que se deben no tiene parangón. 

4.- Otro agujero negro por donde se va mucha riqueza de Canarias es el fraude fiscal. Un fraude fiscal que en España está diez puntos por encima de la media europea y que en Canarias está además algunos puntos por encima de la media estatal, y con esto está casi todo dicho. Los técnicos de Hacienda calculan que  la economía sumergida de Canarias equivale al 28,7% del PIB de Canarias. Esto se traduce en una pérdida de ingresos fiscales que ronda los 4.391 millones al año (cabe recordar que el presupuesto de Canarias para este año 2013 fue de poco más de 6.300 millones de euros) [1][1]. Y se entiende que este fraude fiscal no viene provocado precisamente por los que se ganan la vida vendiendo baratijas en los mercadillos o los que hacen una chapuza de albañilería sin declararlo. Esto tipo de fraude es sólo una mínima parte, en un país donde el 94% de las empresas del IBEX se sabe que llevan sus fondos a paraísos fiscales.

5.- Y algo que no es fraude fiscal propiamente dicho porque es legal pero actúa prácticamente como si lo fuera es la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias. El supuesto beneficio social de la RIC ha quedado demostrado que no es tal, y a la vista está porque no hay forma de crear empleo en Canarias, redundando mayoritariamente en más especulación financiera e inmobiliaria para el enriquecimiento de unos pocos. Algo que pone de manifiesto el último informe del Consejo Económico y Social (CES), cuando apunta que es Canarias la Comunidad Autónoma donde más han crecido las desigualdades en los últimos 5 años, esto es, la brecha entre ricos y pobres, con unos cada vez más ricos y otros cada vez más y más pobres. Así, si hace poco conocíamos que el número de millonarios en España ha aumentado en un 5,4% en el último año 2012, hemos de dar por hecho que un buen número de esos ricos están en Canarias.

Vistos ya los argumentos que planteamos en este apartado, creemos que hay dinero suficiente en Canarias para abordar un verdadero plan contra la pobreza, que sea algo más que lo que se propone desde el Gobierno de Canarias.

III POR UNA DOTACIÓN ECONÓMICA SUFICIENTE PARA LA PCI

A fuerza de repetir insistentemente la excusa de que no hay dinero muchos son los que se lo han creído, y así está el terreno abonado para que pase lo que pasa, con Canarias a la cola de España en inversión en ayudas sociales por habitante, algo que se evidencia especialmente en la PCI, la Prestación Canaria de Inserción, la única ayuda autonómica que hay en la actualidad para los más de 800.000 canarios que viven en situación de pobreza o exclusión social, con el 45% de los desempleados que ya no reciben ningún ingreso, con Unicef alertando de unos índices muy altos de pobreza infantil en Canarias. En relación a la infancia, entramos en Canarias en el absurdo de tener a muchos miles de familias con niños sin cobertura alguna viviendo en la más absoluta pobreza, sobre las que pesa la amenaza de retirarles a los menores en caso de que las condiciones de la familia empeoren aún más, lo que supondría a la Administración un gasto de en torno a 60 euros diarios por niño. Absurdo y cruel que no se ayude a la familia del menor cuando aún se puede, para terminar pagando luego por el menor cuando ya se ha separado a la familia.

Para todo este amplio y creciente sector de la población que merecería por su situación cobrar la PCI, el Gobierno de Canarias presupuestó este año 2013 algo más de 19 millones de euros. 19 millones de unos presupuestos generales de más de 6.300 millones nos parece una auténtica tomadura de pelo a los ciudadanos, una tomadura de pelo que la veremos aún más clara si comparamos estos 19 millones de euros con lo que se da en otras CCAA.Y es que la PCI tiene su equivalente en todas las Comunidades Autónomas, en lo que ha dado en llamarse Renta Mínima de Inserción, con variaciones en el nombre, algunos requisitos, duración y cuantía pero guardando muchas similitudes.
En el País Vasco por ejemplo, Comunidad con la misma población que Canarias pero con mucho menos paro y apenas pobreza, esta ayuda se llama Renta de Garantía de Ingresos y la asignación para este año asciende a 280 millones, los mismos que el año pasado, con otras ayudas similares que no consignamos y la salvedad de ser una partida ampliable siempre en función de las necesidades.  En Asturias, con 1 millón de habitantes y una tasa de paro que ronda el 25%, son casi 60 millones de euros este año.  En Cataluña, una Comunidad aparentemente en bancarrota, son 130 millones. En Andalucía, Comunidad con índices de pobreza y paro próximos a los de Canarias, la Junta ha aprobado un plan de medidas urgentes que reduce considerablemente los plazos de gestión de la Renta Mínima y ha sumado 120 millones de euros a los 74 millones ya consignados en los presupuestos de este año para ayudas de emergencia social.  O en Extremadura, otra Comunidad con tasas de paro y de pobreza cercanas a la de Canarias pero con la mitad de habitantes, asigna este año para la Renta Mínima 13,5 millones de euros ampliables siempre que haya más demandantes de ayuda, siendo además compatible con otras ayudas estatales, cosa que no se permite para la PCI.  Y así, la comparativa va dejando casi siempre en peor lugar a Canarias frente al resto de Comunidades Autónomas, teniendo como tenemos aquí los indicadores sociales tan graves.
Se hace por tanto necesario aumentar la dotación para esta ayuda hasta unos niveles acordes a la pobreza que sufrimos en Canarias, no diremos una cifra pero entendemos que  debería ser más alta incluso que la consignada en el País Vasco, habiendo como hay, como hemos mostrado, recursos económicos de donde tomar.

IVPOR LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES EN LA GESTIÓN DE LA PCI

Con una tan ridícula asignación para la PCI repetida año tras año, no es de extrañar que pase lo que pasa con la tramitación de la misma, una auténtica odisea para quien la solicita. Casi un año el que deben esperar los solicitantes desde que empiezan con los trámites, pues son 3 meses de plazo inicial en el Ayuntamiento y 6 meses en la Dirección General del Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, a lo que hay que sumarle un mes más añadido al final del proceso hasta que te lo notifican y se empieza a cobrar. Todo eso en el supuesto y afortunado caso de que la familia resulte agraciada con la prestación.
Este plazo de casi un año es sin duda inadmisible, tanto si se le concede la ayuda como si no, porque estamos hablando de familias que no están cobrando nada, y viven por tanto en una situación más que desesperada por la que no pueden esperar tantos meses. Tomando ejemplo de Andalucía, habría que cambiar el Reglamento que regula la PCI y dotar de más personal a las UTS donde se tramitan las solicitudes, y desbloquear así el cuello de botella que se forma por esta vía.
Pero hay más que denunciar en este asunto, porque con esto de los trámites y la gestión de las solicitudes, el personal encargado de tramitarlas se ha encontrado con un problema añadido, a saber: al ser cada vez más las personas que han solicitado en los últimos años la PCI, y ser cada vez menos el presupuesto derivado a los Ayuntamientos para contratar  personal de gestión de las  solicitudes (se ha reducido en 2,5 millones en los presupuestos de este año), lo que sucede es que se les acumulan las solicitudes llegando a los 6 meses de tope máximo que tienen en la Consejería para resolver los expedientes sin poder contestarlos negativamente. ¿Qué implicaba esto?: con la Ley 1/2007 tal cómo estaba redactada hasta el año pasado, el artículo 13.3 daba por estimada la solicitud y debían concederle la PCI a todos los que estuvieran en este supuesto. El artículo en cuestión rezaba así:

3. La consejería competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma dictará y notificará la resolución de concesión o denegación de la ayuda económica básica en el plazo de seis meses desde la entrada en su registro del expediente municipal completo. Este plazo quedará interrumpido en los casos previstos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución y notificación expresa, se entenderá estimada la solicitud, sin perjuicio del deber que tiene la Administración de dictar resolución expresa en el procedimiento. En el caso de las ayudas excepcionales a que se refiere el artículo 7.4, las prestaciones correspondientes se entenderán denegadas.

Pero claro, con tan poco presupuesto anual, si se ponían a conceder PCI por silencio positivo por no poder contestar negativamente a todos, en pocos meses se acababa el presupuesto, como de hecho ha pasado otros años. ¿Qué solución encontraban a esto?, algo que hemos comprobado que le ha pasado a mucha gente y así lo tenemos documentado, esto es: que se llamaba al peticionario cuando faltaban apenas días para cumplirse los 6 meses con la excusa de firmar algún documento que faltó por firmar, y en base al artículo 42.5 de la Ley de Régimen Jurídico paralizaban el expediente por un tiempo suplementario, con lo que ganaban en plazo y evitaban que llegara el silencio estimativo de manera positiva. Lo que ocurre es que esto es una triquiñuela legal que también suponía un trabajo, el de llamar al peticionario y presentarle un documento para firmar con la excusa de subsanar un error. Con esto se ganaba tiempo pero al final acababan llegando también los 6 meses y había que resolver por escrito denegando igualmente la solicitud para evitar el silencio estimativo. Y así, han cortado por lo sano y han acabado modificando la Ley para cambiar el sentido del silencio administrativo y hacerlo denegatorio, tal como se puede leer en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias número 354, del 26 de noviembre del 2012, página 65.  Y con esta modificación, se acabó la necesidad de recurrir a triquiñuelas legales.
Por cierto que en la misma modificación aprovecharon en el Gobierno para eliminar de la Ley 1/2007 la posibilidad de prórroga de 6 meses más transcurridos los 24 meses, que hasta la fecha contemplaba el artículo 18 para casos graves.

De lo denunciado en este apartado se evidencia claramente lo poco que ha preocupado al Ejecutivo Regional que la PCI sea gestionada de manera eficiente y justa, a tenor de los recortes en presupuesto para contratar personal y en las modificaciones hechas a la Ley.

V SE DEBEN CONTEMPLAR LAS EXCEPCIONES QUE MARCA LA NORMATIVA DE LA PCI

Otra cuestión grave que se nos ha repetido en numerosas ocasiones con las familias a las que hemos ayudado es el hecho de que no se estén respetando las excepciones que contempla el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, poniendo en riesgo grave a madres con hijos en situación muy precaria. Y es que este Reglamento en su artículo 11 en uno de sus párrafos obliga a presentar el Convenio Regulador de la manera siguiente:

Si algún miembro de la unidad de convivencia recibe pensión alimenticia en el supuesto de separación o divorcio, o si existen parientes con obligación de dar alimento en los términos del artículo 142 del Código Civil: testimonio del Auto o Sentencia donde ésta quede reflejada. En caso de que no se reciba, aun existiendo resolución judicial favorable a su percepción: justificación documental de haber formulado la correspondiente denuncia por incumplimiento del obligado a entregarla, salvo que en el informe social municipal se refleje que existen circunstancias extraordinarias que aconsejan retrasar el proceso encaminado a hacer valer tales derechos.

Este artículo obliga a las madres separadas o no separadas con hijos a cargo a presentar el Convenio Regulador en el que se haga constar la obligación del padre de los niños a pasar una asignación económica mensual a la madre por sus hijos con la cantidad fijada. Lo que pasa es que en muchos casos no hay acuerdo voluntario por parte del padre, y esto obliga a las madres a tener que denunciar al padre en los juzgados. No obstante, el mismo artículo 11 vemos que añade una excepción, cuando existan circunstancias extraordinarias que aconsejen retrasar el proceso, siendo suficiente en estos casos el preceptivo informe social municipal.
Y esto es precisamente lo que nosotros estamos echando en falta en repetidas ocasiones, que no se estén aceptando las excepciones, y se está obligando así a muchas madres a denunciar a hombres con los que hace tiempo que no tienen tratos ni relación amistosa, temiendo ellas por la reacción violenta que sus exparejas pudieran mostrar cuando supieran de la denuncia o sufriendo por sus hijos. A esto se añade la demora extra en tiempo en conseguir un abogado de oficio que puede durar muchos meses, sumado al propio juicio en sí y al gasto económico que supone un proceso de este tipo. Y el resultado que tenemos es que en no pocas ocasiones las madres que precisamente más necesitadas están por estar solas, sin ingresos y con hijos a cargo, se acaban quedando sin la PCI por no presentar este requisito, por miedo a represalias de sus exparejas que en cualquier caso no perciben ningún ingreso, y no podrían por tanto pasarles manutención alguna a los niños.

En la misma línea que lo apuntado para las madres, tampoco se están aceptando los casos de personas o unidades familiares en extrema necesidad que no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en las bases, algo que vemos cómo se repite especialmente en supuestos de personas sin hogar, a pesar de que el Reglamento que regula la PCI así lo dice en su artículo 3, cuando dice:

3. Excepcionalmente, y por causas objetivamente justificadas en el expediente, podrán ser beneficiarias de la ayuda económica básica aquellas personas que constituyan unidades de convivencia en las que, aun no cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley por la que regula la Prestación Canaria de Inserción, concurran circunstancias que las coloquen en situación de extrema necesidad. En particular, se encontrarán en alguna de estas situaciones:

•    a) Las personas sin hogar, entendiendo como tales a las personas en situación de exclusión social que carecen de alojamiento estable y de redes de apoyo personal o familiar.
•    b) Las víctimas de malos tratos que tengan acreditadas tal situación mediante resolución judicial u orden de protección dictada por el Juez.
•    c) Las personas que tengan graves problemas de exclusión social y convivan con un familiar que no sea de primer grado de parentesco.
•    d) Las personas que se encuentren en situación de extrema necesidad económica sobrevenida.

VI CONCLUSIONES EN TORNO A LA PCI

De lo dicho hasta ahora sobre la manera en que se tramita la PCI y las cuantías presupuestadas, no podemos más que expresar nuestra preocupación por la forma en la que se está haciendo y las consecuencias que de ello se derivan para las muchas miles de familias que esperan angustiadas por esta ayuda salvadora. Y esto es así porque la pobreza nunca fue una preocupación para el Ejecutivo Canario, y si ahora lo es lo es únicamente porque es tanta la pobreza que hay en Canarias que ya les es imposible seguir negando que exista y mirar para otro lado.
La Ley 1/2007 fue redactada hace más de un lustro, cuando todavía no se hablaba ni se sentía la crisis y eran pocos los que acudían a los ayuntamientos a solicitarla, y entendemos por ello que merece ser revisada muy a fondo para adaptarla a la realidad actual que vive Canarias, de lo contrario seguirá siendo lo que hoy es, una gran mentira.
En cuanto a lo que denunciamos aquí, todo muy grave, algunas cuestiones incluso con posibilidad de ser constitutivas de infracción legal, decir que las tenemos documentadas por escrito con testimonios varios de las familias afectadas, documentos que guardamos por si hiciera falta recurrir a otras instancias. En cualquier caso, muchas de las irregularidades en torno a la PCI que denunciamos desde la Plataforma las han denunciado también los propios trabajadores sociales encargados de tramitarlas, en un escrito que remitieron a finales de 2011 a la Consejera Inés Rojas , elaborado en base a un cuestionario que pasaron a los trabajadores sociales de todo los ayuntamientos canarios. Luego, si no quieren creernos a nosotros, pueden creerlos a ellos.

VIILA PROTECCIÓN SOCIAL NO SE PUEDE CONVERTIR EN BENEFICENCIA

El derecho a la protección social es un derecho reconocido en la Constitución Española (artículo 41) y desarrollado con posterioridad en otras leyes vigentes (Ley de Bases de Régimen Local, Ley de Servicios Sociales de Canarias), todavía, aunque con visos de ser reformadas para hacer más corta la protección social de lo que ya lo es hoy. En cualquier caso, la protección social frente a situaciones de necesidad sigue siendo obligación de nuestras Administraciones para con todo aquel ciudadano que viva en esto a lo que llamamos democracia, todavía. En Canarias en cambio nos estamos adelantando –curioso cuando siempre vamos a la cola-, y con tanta promoción pública y mediática de la solidaridad ciudadana estamos logrando que este derecho social básico quede ya casi únicamente vinculado a la caridad y a la beneficencia.
Lo hemos visto con los últimos telemaratones solidarios con record de comida para los “pobres” con patrocinio, apoyo y foto de muchos políticos, y lo agradecida y contenta que está toda la ciudadanía por lo solidarios que somos los canarios; lo vemos con los sucesivos premios Príncipe de Asturias y Premio Canarias a los Bancos de Alimentos; lo vemos en la Televisión Canaria y sus programas solidarios del tipo “En Abierto”; y lo volvemos a ver en propuesta de la propia Consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, cuando hace unos días proponía públicamente dentro de ese supuesto Plan contra la Pobreza el financiar la apertura de comedores sociales en comunidades de vecinos, asociaciones y ONG… con un presupuesto inicial de 400.000 euros.
Y bien, que se haya hecho esta propuesta de comedores sociales, con tan ridícula cantidad presupuestada, que la propuesta venga de la persona que viene y esta persona no dimita o se la fuerce a dimitir de inmediato, es una buena muestra de que el discurso de aceptación de la pobreza como algo irremediable está calando en nuestra sociedad canaria, lo aceptamos y hasta damos las gracias, y así, perdidos estamos como sociedad.
Por suerte ya hemos mostrado pruebas en la primera parte de este escrito que demuestran que hay dinero suficiente para habilitar otras opciones más dignas contra la exclusión social. Y no es que estemos en contra de la solidaridad ciudadana, de hecho nosotros en la Plataforma también la fomentamos, pero nunca como la base, nunca como sustitutivo a los derechos que nos asisten, entre otras cosas porque no hay solidaridad en Canarias para eliminar los niveles de miseria y exclusión social que sufrimos.

Al margen de esta discusión de fondo de aceptación de la pobreza, lo cierto es que esta idea de abrir comedores sociales en asociaciones de vecinos, ONG y demás que sugiere el Gobierno de Canarias tiene otros muchos inconvenientes. Para empezar, supondría seguir clasificando y agrupando a las personas por clases en base a su nivel de renta, pues estos comedores serían por todos conocidos y usados sólo por las familias que menos tienen. Este detalle implicaría que muchas familias con algo de dignidad evitaran en lo posible ir a comer a un sitio donde sólo van a comer los “pobres”, para que no los estigmatizaran como pobres frente a todos sus vecinos. Hemos de tener en cuenta que a nadie le gusta hacer públicas sus miserias, y estos comedores supondrían precisamente eso, mostrarse ante todo el vecindario como personas desfavorecidas.
De igual modo, si se pretende hacer con unos mínimos de dignidad y calidad implicaría un desembolso considerable en acondicionamiento de locales, en formación, en permisos, en trabajadores y en avituallamiento, y esto, con 400.000 euros no da ni para empezar, en buena muestra de lo alejados que están en el Ejecutivo de la realidad de la pobreza en Canarias.
Así las cosas, los comedores sociales en asociaciones de vecinos y ONG se prestarían a lo que ya estamos hartos de ver y hemos denunciado en repetidas ocasiones con el reparto de comida o con la atención a personas sin hogar, esto es, los trapicheos y la falta de respeto a la dignidad de las personas que tienen a veces en las asociaciones, viendo a los que van a pedir ayuda como alguien inferior por el simple hecho de estar necesitados.
Y un último detalle siniestro que tampoco podemos olvidar: la financiación de comedores sociales en las asociaciones de vecinos por parte del Gobierno de Canarias abriría la puerta al clientelismo y la compra de voluntades entre la gente beneficiaria de las asociaciones, algo muy feo pensando en los comicios electorales que están por llegar.

Queda pues patente nuestro rechazo a cualquier propuesta institucional que pretenda sustituir con beneficencia o solidaridad ciudadana la obligación de Servicio Público que compete a nuestras Administraciones, bajo el recurrente argumento de que no hay dinero, culpa de la Merkel, de Rajoy, de los objetivos del déficit o de la coyuntura económica. Dicho de otra manera: donde mejor come una familia es en su casa, y si por circunstancia ha de comer en un comedor, que el comedor cumpla con todos los requisitos legales, sanitarios y de calidad exigidos a cualquier restaurante abierto al público y no suponga una segregación o clasificación por razón de su nivel de renta.

VIIIPOR UN VERDADERO PLAN CONTRA LA POBREZA EN CANARIAS

En este punto de nuestra propuesta, esperamos que entiendan que es nuestra obligación hacerla, en base a lo mucho o poco que sabemos sobre exclusión social y lo que estamos viviendo en nuestro día a día. Así, no podríamos dormir bien si calláramos ante lo que está pasando y no propusiéramos lo que entendemos mejor. Y es que aunque parezca raro, pese a lo mucho que están nuestros políticos desacreditados ante la sociedad, todavía hay algunos como nosotros que guardamos una mínima esperanza de que nos hagan caso y escuchen lo que la ciudadanía les reclama.

Así, nuestras propuestas Por un verdadero Plan contra la Pobreza en Canarias, son las que siguen:

-.A corto plazo, de manera urgente.-

I.- Ampliar la dotación presupuestaria para la PCI a unos niveles acordes a la miseria que hay en Canarias, cubriendo especialmente a todas aquella familias sin ingresos con hijos menores a cargo. Sin poner cifras concretas, entendemos que deberían ser bastante más de los 19 millones de euros actuales, y como sucede en el País Vasco o en Extremadura, que sea una partida siempre abierta a la demanda de familias que pudieran necesitarla por su situación precaria.

II.- Modificar la Ley 1/2007 y acortar los tiempos de tramitación de la PCI, hasta un plazo de no más de tres meses desde que se inicia el expediente en el Ayuntamiento.

III.- Ampliar el presupuesto para la contratación de personal que tramita la PCI, para hacer así posible la reducción de los plazos.

IV.- Asegurar que se aceptan las excepciones en la tramitación de la PCI que contemplan los artículos 3 y 11 del Reglamento, en lo que concierne a la protección de la integridad de las madres separadas y la de otros colectivos en riesgo, aún cuando no cumplan todos los requisitos exigidos.

V.- Aumentar las dotaciones presupuestarias al Plan Concertado de Servicios Sociales, siendo como es esta la base en la que se apoyan los Ayuntamientos en materia de coberturas sociales.

VI.- Priorizar el gasto público del Gobierno de Canarias, reducir las licitaciones millonarias a empresas privadas, eliminar altos cargos, cargos de confianza y otros departamentos y rebajar los sueldos más altos de la Administración (en especial los que superan los 50.000 euros) a unos niveles acordes a la realidad que vive el pueblo canario.

VII.- En un aspecto muy ligado a la pobreza y la exclusión social, que desde el Gobierno de Canarias se habiliten ya de una vez todos los medios legales que hagan falta para poner en uso y habitabilidad las muchas viviendas públicas y privadas vacías que hay en Canarias, para que ningún canario se vea privado de un techo digno bajo el que vivir.

-.A medio plazo.-

VII.- Trabajar por una futura Renta Básica Universal con la que todo ciudadano por el simple hecho de serlo, pueda disfrutar de una asignación económica suficiente no condicionada a temporalidad o planes de promoción laboral, tal como se está haciendo ya en otras Comunidades Autónomas como Cataluña o Extremadura.

VIII.- Eliminar la Reserva de Inversiones de Canarias y rebajar el fraude fiscal que soportan las Islas.

IX.- Apostar decididamente por una Educación Pública gratuita y de calidad en la formación de nuestras generaciones jóvenes y futuras, siendo como es la educación la mejor herramienta que tiene un pueblo para salir de la miseria y ganar su libertad (“Solamente un pueblo culto puede ser verdaderamente libre”. José Martí).

En Santa Cruz de Tenerife, un 26 de junio de 2013. PLATAFORMA POR LA DIGNIDAD  

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2 respuestas a POR UN VERDADERO PLAN CONTRA LA POBREZA EN CANARIAS

  1. francisco dijo:

    Me gusto mucho,seria bueno imprimir unos millares y tirarlos des una buena altura,solo pienso que España necesita un cambio y de verdad,la juventud debe plantar cara brasos y piernas y unirse fuertemente solo se lograra un cabio para bien de todos saludos

  2. david dijo:

    estoy muy preocupado, en gran canaria no veo pobreza, veo ya miseria, y no sé q va a pasar, pero algo viene y Gordooo

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